El hallazgo de los restos de tres de los 11 desaparecidos tras la retoma del Palacio de Justicia, hace casi 30 años, cerró algunos interrogantes pero abrió otros que llevan a los familiares de la víctimas que murieron a preguntarse por el paradero de sus parientes.

Dos de los restos hallados se encontraban en fosas de cementerios bogotanos identificadas con nombres de otras víctimas de la ocupación guerrillera y retoma militar del Palacio, lo que lleva a las familias a preguntarse acerca de su paradero real.

Los tres restos identificados son los de Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela, empleadas de la cafetería del edificio, y los de Lucy Amparo Oviedo, una visitante que acudía a una entrevista de trabajo.

Todas ellas desaparecieron después de que el Ejército retomó el edificio, ubicado en el centro de Bogotá, el 7 de noviembre de 1985.

Un día antes había sido ocupado por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) que querían hacer un "juicio político" al entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986).

Guarín, Oviedo y Portela abandonaron con vida el edificio, según explicaron sus familiares, pero nunca regresaron a sus hogares.

Desde entonces sus parientes iniciaron una lucha por recuperar sus cuerpos y conocer la verdad que ha quedado parcialmente solventada.

"El descanso total es cuando se hace una entrega de un cuerpo con una verdad", explicó Rosa Milena Portela, hermana de Luz Mary, quien destacó que solo estará tranquila cuando llegue ese momento.

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Ante estos hallazgos la Fiscalía va a abrir una línea de investigación para establecer "condiciones de tiempo, modo y lugar en que sucedió el asesinato", según explicó René Guarín, hermano de Cristina del Pilar.

Sin embargo, las dudas se multiplican, ya que Portela León estaba enterrada en una tumba bajo el nombre de otra funcionaria fallecida en la retoma del Palacio, Livia Rincón Mora, por lo que ahora se abre el interrogante acerca de su paradero.

La madeja de hilo podría hacerse aún mayor, ya que la investigación se inició después de que se hallaran "inconsistencias" entre las actas de levantamiento y de reconocimiento, según explicó el fiscal general, Eduardo Montealegre.

"Se ordenó exhumar a la señora María Isabel Ferrer de Velázquez (...) las pruebas de ADN arrojan que no se trata de María Isabel Ferrer de Velázquez sino que se trata de Cristina del Pilar Guarín, ahora entonces María Isabel Ferrer de Velázquez figura como desaparecida", afirmó.

El fiscal añadió a su vez que los restos de Oviedo se encontraban junto a los de Carmen Cristina Garzón Reyes en dos cajas que estaban en poder de la Fiscalía General después de ser exhumadas del cementerio del sur de Bogotá en 1998.

De este modo se resuelve la incógnita sobre el paradero de dos personas, pero se abren las dudas sobre otras dos cuyos familiares deben ahora, tras 30 años intentando sobrellevar el drama, retornar tres décadas y volver a sentir el dolor que entonces padecieron.

Lo intrincado del caso llevó a los familiares de las víctimas a pedir que se convoque a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia para formar un equipo internacional que trabaje en la identificación de sus parientes.

Según Jorge Molano, uno de los abogados de las víctimas, la petición de acompañamiento permanente internacional en la nueva fase que se inicia con estos hallazgos se debe en parte a que "personal de inteligencia militar ha estado vigilando las diligencias de exhumación" de los cuerpos y "ha intentado ingresar al Instituto de Medicina Legal".

El temor está intrincado en una de las sospechas más extendidas sobre el caso, que los militares se ayudaron entre sí para ocultar las pruebas sobre posibles desmanes durante la retoma del Palacio.

En un fallo del 14 de noviembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) aseguró que la operación militar de retoma "ha sido calificada, por tribunales internos y por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, como desproporcionada y excesiva. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenas de personas".

En la sentencia, que incluye la orden de esclarecer los hechos, sanciones a los responsables y el pago de indemnizaciones, la CorteIDH declaró "responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos".

EFE